Archivos Epstein 2026: arrestos, renuncias y Maxwell

Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años por tráfico sexual, compareció ante el Congreso de los Estados Unidos el 9 de febrero vistiendo su uniforme carcelario marrón, miró la mesa frente a ella y repitió la misma frase ante cada pregunta: "Invoco mi derecho a guardar silencio bajo la Quinta Enmienda." Luego su abogado leyó un comunicado que resumía en una sola transacción todo lo que los archivos de Epstein han destapado en dos meses: Maxwell hablaría con libertad si el presidente Trump le concede clemencia. A cambio, lo absolvería públicamente a él y a Bill Clinton de cualquier irregularidad.

Así funciona la red. Incluso desde prisión.

La Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, aprobada en noviembre de 2025 y firmada por Trump, obligó al Departamento de Justicia a liberar su archivo completo. El 30 de enero de 2026 se publicaron más de tres millones de páginas. Lo que siguió no fue una revelación ordenada sino una detonación escalonada: cada semana, un nombre nuevo. Cada semana, una institución diferente en modo de control de daños.

La publicación incluyó la libreta de contactos de Epstein, los registros de vuelo de sus aviones y documentos judiciales que abarcan más de veinte años de litigios. Wikipedia El problema es que aproximadamente 2,5 millones de documentos del archivo de investigación del Departamento de Justicia no se han hecho públicos, y muchas de las 3,5 millones de páginas ya publicadas están fuertemente tachadas. El Congreso lleva semanas exigiendo saber qué se oculta en lo que falta.

La respuesta llegó en forma de investigación periodística: una investigación de NPR encontró que el Departamento de Justicia retiró o retuvo archivos de Epstein relacionados con acusaciones de abuso sexual que mencionan al presidente Trump, incluyendo lo que parecen ser más de 50 páginas de entrevistas del FBI con una mujer que acusó a Trump.

La Casa Blanca respondió que Trump "ha sido totalmente exonerado". El DOJ dijo que la citación al respecto era "completamente innecesaria". Nadie explicó por qué páginas que debían publicarse por ley no aparecen en la base de datos.

Andrew Mountbatten-Windsor es el primer miembro de la Casa de Windsor arrestado en toda su historia, y por extensión el primer miembro de la familia real británica detenido en 379 años. El arresto se ejecutó el 19 de febrero —día de su 66 cumpleaños— bajo la figura de "mala conducta en un cargo público", un delito del derecho consuetudinario británico que puede conllevar cadena perpetua. Los cargos no giran en torno a los abusos sexuales previamente mitigados con un acuerdo extrajudicial en 2022, sino a la presunta filtración de información gubernamental clasificada a Epstein durante sus años como enviado comercial del Reino Unido.

Cuatro días después, el ex embajador Peter Mandelson fue arrestado fuera de su domicilio y liberado bajo fianza horas después, también bajo sospecha de mala conducta en un cargo público. Los documentos del DOJ indicaban que Mandelson facilitó reuniones de alto nivel con Epstein y que el novio de Mandelson recibió pagos mensuales de 4.000 dólares canalizados desde las cuentas del financista entre 2009 y 2010.

Lo que hace el caso Mandelson especialmente grave para el primer ministro Keir Starmer es lo que sabía antes de nombrarlo embajador ante Trump: según documentos desclasificados posteriores, funcionarios civiles le presentaron un informe advirtiendo sobre los "riesgos reputacionales" asociados a Mandelson. Starmer nombró a Mandelson de todas formas. Lo destituyó nueve meses después, cuando la publicación de los archivos hizo el cargo insostenible.

El sector corporativo reaccionó antes que la justicia. La lógica fue simple: aparecer 9.300 veces en los documentos desclasificados, aunque sea en correos donde llamas "maravilloso" y "tío Jeffrey" a un traficante sexual convicto, te convierte en un pasivo que ninguna junta directiva quiere en su balance.

Kathryn Ruemmler, la principal abogada de Goldman Sachs y ex consejera legal de la Casa Blanca bajo Obama, anunció su salida con vigencia en junio de 2026. Los archivos mostraron bolsos de 9.000 dólares, Apple Watches y tratamientos de spa financiados por Epstein, además de lo que los documentos insinúan como asesoramiento estratégico para ayudarlo a manejar su reputación pública. Goldman Sachs, mientras procesaba la situación, aprobó para Ruemmler un aumento salarial del 11% hasta los 25 millones de dólares anuales. El paquete quedó firmado semanas antes de la renuncia forzada.

Thomas Pritzker, Presidente Ejecutivo de Hyatt Hotels, también anunció su retiro inmediato tras documentarse que mantuvo contacto sostenido con Epstein y Maxwell mucho después de la condena por delitos sexuales de 2008. Brad Karp, presidente de la firma de abogados Paul Weiss, dimitió. Casey Wasserman, agente de Hollywood, anunció la venta de su empresa. El Foro Económico Mundial perdió a su presidente, Børge Brende. El operador portuario de Dubái, DP World, destituyó a su director ejecutivo.

Una renuncia al día, durante semanas. El patrón es el mismo en todos los casos: primero el desmentido, luego los correos, luego la salida.

El cofundador de Apollo Global Management pagó a Epstein 170 millones de dólares entre 2012 y 2017 por supuestos "servicios de planificación fiscal". El Comité de Finanzas del Senado, bajo la dirección del senador Ron Wyden, ha documentado que las tarifas pagadas a Epstein eran 30 veces superiores a las de los mejores bufetes internacionales que Black ya empleaba. Un pago de más de 10 millones de dólares fue canalizado a través de una fundación benéfica registrada con el nombre del propio Epstein en las Islas Vírgenes, con instrucciones escritas de "evitar la divulgación pública" del nombre de Black.

Los documentos también revelan que Epstein operó como intermediario para pagos de silencio a varias mujeres, y que compartió la ubicación geográfica de estas personas con operativos vinculados al gobierno ruso.

Ese último detalle transforma la investigación. Ya no es solo evasión fiscal.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes votó a favor de citar formalmente a la fiscal general Pam Bondi para que testifique sobre la forma en que ha manejado el caso de Epstein. Democracy Now! Cinco legisladores republicanos rompieron filas con la administración Trump para respaldar la citación junto a los demócratas. Bondi comparecerá en una audiencia a puerta cerrada el 14 de abril.

Los demócratas del Comité de Supervisión abandonaron una sesión informativa con Bondi y su adjunto Todd Blanche el miércoles, después de que Bondi se negara repetidas veces a confirmar si cumpliría con la citación para testificar bajo juramento. Democracy Now! Cuando la prensa le preguntó al salir, Bondi respondió únicamente: "Cumpliré con la ley."

Nadie en el Capitolio interpretó esa frase como un compromiso claro.

El mismo Blanche que gestionó la sesión con Bondi fue quien previamente entrevistó a Maxwell en prisión en un formato que los legisladores describieron como una conversación, no un interrogatorio, y quien bloqueó la entrega al Congreso de un memorando de 2015 de la DEA que, según el senador Wyden, documentaba evidencia de que el gobierno federal conocía décadas antes la escala real de las operaciones de Epstein.

El abogado de Maxwell, David Oscar Markus, declaró durante la deposición que "la señora Maxwell está preparada para hablar plena y honestamente si el presidente Trump le otorga clemencia". Añadió que tanto Trump como Clinton "son inocentes de cualquier irregularidad", y que "solo la señora Maxwell puede explicar por qué, y el público tiene derecho a esa explicación".

La oferta es audaz por su transparencia. No hay subtexto: es una negociación abierta. La condenada más relevante de toda la red ofrece exonerar políticamente al presidente a cambio de salir de prisión.

Trump ha enviado buenos deseos a Maxwell en varias ocasiones en el pasado. Cuando fue arrestada en 2020, dijo que la había "visto numerosas veces" y que le deseaba "lo mejor".

Lo que hace el cálculo imposible para la Casa Blanca es la aritmética política: conceder el indulto no probaría inocencia. Probaría exactamente lo que dos tercios de los estadounidenses ya sospechan, según una encuesta de CNN publicada en enero, que el gobierno retiene información deliberadamente. Una absolución comprada no limpia un nombre. Lo entierra.

"El problema no desaparecerá hasta que publiquen todos los archivos", dijo el representante Ro Khanna.

Quedan 2,5 millones de páginas sin publicar. La audiencia de Bondi está fijada para el 14 de abril. Los Clintons tienen citación pendiente. Leon Black, Howard Lutnick y el contador de Epstein, Richard Kahn, han pasado ya por deposición.

Y Maxwell sigue esperando respuesta desde su prisión de baja seguridad en Texas, con un perro de servicio prestado para su entretenimiento personal, según denunciaron informantes ante el Congreso, en aparente violación de los protocolos que prohíben exactamente eso.

Alguien, en algún lugar del sistema, sigue tomando decisiones para que ella esté cómoda mientras decide si habla.